Las zonas de seguridad junto a las carreteras y las vías de ferrocarril son ahora dos de los caballos de batalla contra los que los agricultores de municipios como Épila deben luchar. Son los lugares en los que los conejos que provocan numerosos daños en sus cultivos pueden seguir reproduciéndose, ya que la caza ahí no está autorizada. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la Demarcación Regional de Carreteras han informado que darán las autorizaciones de caza necesarias y todo el apoyo a los cotos que lo soliciten.
El departamento de Desarrollo Rural ya anunció que pediría la colaboración de ambas entidades para evitar que esas zonas se conviertan en lugar para la cría de conejos. Fuentes de la DGA explicaron que los titulares de estas infraestructuras se han mostrado "dispuestos a facilitar, como titulares que son de las correspondientes infraestructuras, tal y como vienen haciendo, las autorizaciones de caza necesarias". Además, añadieron que, en su caso, "responderán a los daños ocasionados por los conejos presentes en zonas de seguridad". En el caso del ADIF, detallaron que disponen de un procedimiento de descaste de conejos, así como que en los últimos años han dado todo su apoyo a los titulares de los cotos que lo han solicitado para poder acceder con hurones a esas zonas.
Agricultores, representantes del Atria de fruticultores, del Ayuntamiento de Épila y del Gobierno de Aragón acudieron el pasado miércoles al municipio valenciano de Utiel para conocer cómo han trabajado allí para diezmar la superpoblación de conejos que provocaba numerosos daños en sus cultivos.
El Plan General de Caza de la Comunidad Valenciana incluye una norma que obliga al agricultor a comunicar a los ayuntamientos los daños producidos. Y, a su vez, exige que los cazadores, en un tiempo establecido, acudan a esas parcelas a descastar los conejos. Si no es así, faculta a los agentes de protección de la naturaleza para que asuman dichas funciones de forma subsidiaria y ejecutiva. También obliga al agricultor a desbrozar los ribazos, evitar hacer montones de piedras, de leñas y todo lo que contribuya a que los conejos proliferen.
El Plan General de Caza de la Comunidad Valenciana incluye una norma que obliga al agricultor a comunicar a los ayuntamientos los daños producidos. Y, a su vez, exige que los cazadores, en un tiempo establecido, acudan a esas parcelas a descastar los conejos. Si no es así, faculta a los agentes de protección de la naturaleza para que asuman dichas funciones de forma subsidiaria y ejecutiva. También obliga al agricultor a desbrozar los ribazos, evitar hacer montones de piedras, de leñas y todo lo que contribuya a que los conejos proliferen.
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