Lo contempla el borrador de la orden,
que está en periodo de alegaciones. Los veterinarios no comparten el cambio y
defiende que esa dosis no existe en el mercado. El Gobierno de Aragón defiende
que va en beneficio de la propia población canina.
El Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón ha hecho pública, a través del boletín
oficial de la Comunidad, una modificación de la orden que regula la
vacunación antirrábica obligatoria de la especie canina. A partir de
ahora, los perros no tendrán que ser vacunados anualmente, sino cada dos
años. De esta forma, la administración atiende una vieja reclamación de
la Federación de Caza, desde donde se asegura que los laboratorios que
fabrican la vacuna “garantizan la inmunidad de los animales para tres años”.
Ademas, se
da la circunstancia de que hay territorios (Cataluña, País Vasco y Galicia) en
los que no es obligatorio aplicarla, y que otros limítrofes (Navarra o La
Rioja) vienen siguiendo las pautas de aplicación bienal desde hace tiempo.
Por contra, comunidades relevantes -en términos de práctica cinegética- como Andalucía
o Extremadura mantienen la obligación de vacunar a los perros
anualmente, como hasta la fecha se hacía en Aragón.
La orden,
que se encuentra en periodo de alegaciones, ha puesto en guardia
al Colegio de Veterinarios de Zaragoza, que ha solicitado una reunión de
urgencia con la Consejería. “La salud pública está por encima de cualquier
interés, y la rabia, aunque no lo aparente, causa más de 60.000 muertes al año
en todo el mundo”, comenta, en representación del colectivo, Luis Javier
Yus.Bajo su
punto de vista, “el Gobierno de Aragón no debería tomarse a la ligera una
enfermedad tan grave como esta por el beneficio de unos pocos”. Más aún,
teniendo en cuenta que los 25 o 30 euros que cuesta cada unidad de la vacuna
“son asequibles para cualquiera”.
Por otro
lado, Yus asegura que los veterinarios no tienen la posibilidad de vacunar cada
dos años porque se deben a la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos. “No hay productos que se puedan aplicar de forma bienal; unos son
anuales y otros trienales. Si actuamos cada dos años, estamos yendo contra
los patrones que se nos exigen. Corremos el riesgo de recibir sanciones de
hasta 6.000 euros”, valora, antes de adelantar que esperan una rectificación.
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