Los sectores de la caza y de la pesca, que representan a más de 3,5 millones de personas y a sus respectivas familias, se han unido para lanzar un mensaje único y contundente: no es admisible que el Congreso de los Diputados, que representa a todos los españoles, dé la espalda al mundo rural. Así, apuntan que “si queremos que la gente siga viviendo en nuestros pueblos, es imprescindible un giro radical en las políticas urbanitas y en la cesión constante a las presiones ecologistas”. Lo contrario, añaden, sólo nos conducirá a tener un país lleno de pueblos abandonados y a un mundo rural totalmente devastado.
Por eso, anuncian la organización de manera inmediata de actos reivindicativos y movilizaciones a lo largo de toda España. El mundo rural se echa a la calle. De forma paralela se va a empezar a trabajar en la organización de una macromanifestación que se llevará a cabo a principios de 2018, tiempo suficiente para coordinar a todas las entidades y colectivos del mundo rural.
Asimismo, se va a impulsar la presentación de propuestas en los ayuntamientos y parlamentos regionales españoles para exigir al Congreso la modificación urgente de la Ley 42/2007, rechazada hace apenas unos días por el voto en contra de PSOE y Podemos y la abstención de Ciudadanos. Ante la situación generada, también van a pedir reuniones urgentes con los líderes de estos partidos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, dado que se ha comprobado que a la hora de la verdad los compromisos adquiridos a niveles inferiores son papel mojado.
Las consecuencias para la caza pasan por la extinción total del arruí, una especie que se considera vulnerable para la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, siendo España, y concretamente Sierra Espuña, un reservorio para la especie a nivel mundial, especie que además hace una importantísima función en la prevención de incendios forestales. En el caso de la pesca, se producirá el cierre de 2.500 puntos de venta de productos de pesca, decenas de empresas y 81 cotos intensivos, que tendrá como consecuencia la pérdida de 200 millones de euros de inversión y de 9.500 empleos directos.
Por eso, exigen a ambos partidos una rectificación urgente que les aleje de la ‘podemización’ y de las agresiones constantes a los representantes del mundo rural. En el caso del PSOE, esperan que este cambio de postura no sea achacable al regreso de Cristina Narbona a la primera línea de la política, puesto que ya durante su etapa como ministra perjudicó gravemente a los cazadores y a los pescadores españoles.
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