La caza en Castilla y León es
una actividad legal y es además una de las prácticas más controladas
normativamente para asegurar el aprovechamiento racional de las especies
garantizando su conservación.
Como consecuencia de la continua judicialización de
las normas cinegéticas que vienen provocando varias asociaciones anticaza con
ideología única y excluyente, se está afectando de forma sistemática a la
práctica cinegética, sin importar en absoluto las graves consecuencias que
pueda tener sobre el conjunto de la población de nuestra comunidad y
especialmente la del medio rural.
Con independencia de su repercusión social como
actividad lúdico-deportiva, la caza es fundamental para la correcta gestión de
la fauna y el medio ambiente y para la economía de Castilla y León; es
dinamizadora del medio rural, crea y mantiene empleo, genera riqueza inducida
en el sector servicios, no sólo en el cinegético, y es una importante fuente de
ingresos también para la Hacienda Pública. Además de lo anterior, no controlar
la fauna pone en peligro la vida de las personas en accidentes que ésta puede
causar en las carreteras y afecta de forma muy importante al sector agrario por
los daños a los cultivos y la posible transmisión de epizootias a la cabaña
ganadera por superpoblación. Precisamente en las últimas semanas, la
Administración autonómica, la Federación de Caza y los sindicatos agrarios y
ganaderos habíamos llegado a un acuerdo para regular las poblaciones y reducir
en lo posible los crecientes daños provocados por las especies cinegéticas.
Si como parece hay un defecto en la regulación y
reglamentación de una actividad legal por parte de la Administración regional,
es deber de sus responsables asumirlo y, lo más importante, es su obligación
arreglarlo con carácter de urgencia.
Para contribuir a esa solución, la Federación de
Caza de Castilla y León está participando con sus medios humanos y técnicos con
los responsables de la Junta de Castilla y León, pero esta disposición por
contribuir a un objetivo común no se puede confundir en absoluto con un
respaldo incondicional de una gestión que se ha demostrado fallida en el
desarrollo reglamentario de la Ley de Caza de la que la Administración es la
única responsable, por acción o por omisión. No hay que olvidar que este problema
se extiende desde el año 2002 y tuvo ya un grave incidente en los tribunales en
el 2011, y que la Ley de Caza del 96 exigía un desarrollo reglamentario en un
año y han pasado más de veinte sin hacerlo.
La Federación de Caza de Castilla y León, en representación
de los 100.000 cazadores de nuestra tierra, y contribuyendo responsablemente al
bienestar y la economía del resto de los ciudadanos de nuestra región, exige de
los responsables políticos de la Junta de Castilla y León las medidas técnicas,
administrativas o jurídicas que sean precisas para garantizar los derechos de
las personas, que no pueden estar condicionados por regulaciones deficientes o
insuficientes.
Confiamos en que las distintas
instancias judiciales que intervienen o puedan intervenir en la resolución de
esta situación, sepan valorar adecuadamente, en aras del interés público, los
daños irreparables que sus decisiones pueden tener sobre el equilibrio
medioambiental, la economía y la seguridad de las personas y en consecuencia se
tomen todas las cautelas necesarias antes de perjudicar gravemente y de forma
irreversible a esos intereses.
En este momento nos toca contribuir y cooperar
para que la caza se desarrolle con normalidad esta temporada, luego será el
momento de reclamar responsabilidades de la forma y con la contundencia que
corresponda a ésta y otras situaciones.
