La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras seis en las localidades de Rueda de la Sierra, Tierzo y Molina de Aragón (Guadalajara); Parla, en Madrid, y Almería como presuntas autoras de un delito de caza, de pertenencia a grupo criminal y estafa.
Las investigaciones, desarrolladas en el marco de la operación Íbice, se iniciaron en enero de 2016 gracias a la información facilitada por los cazadores de Gargallo y Cañizar del Olivar, que alertaron de la presencia de cazadores furtivos en la zona. Sin embargo, el grupo criminal operaba en un radio mucho más amplio que afecta a varios puntos de la provincia de Teruel y la de Guadalajara.
Entre los objetos incautados hay rifles de gama alta, teléfonos móviles, varias cornamentas de ciervo y corzo y una piel de oso que se está investigando para conocer su procedencia, por lo que previsiblemente el grupo criminal operara también en otros puntos de España. Para ello, se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios en Guadalajara el pasado lunes 27de marzo.
Uno de los detenidos está en prisión y otro en libertad bajo fianza. Las diligencias las instruye el Juzgado número 3 de Teruel, ya que todas las investigaciones, registros y detenciones las ha llevado a cabo la Guardia Civil de la provincia.
Armas y trofeos incautados por la Guardia Civil |
El modus operandi llevado a cabo por las personas detenidas era el establecimiento de contacto previo con sus “clientes” a los que les ofrecían la posibilidad de cazar a cambio de un cantidad determinada de dinero. Cabe destacar que el precio de cazar, en la provincia de Teruel, un ejemplar de macho de cabra montés de una categoría “oro” (el nivel más elevado dentro de las categorías de un trofeo de caza mayor) costaba 2000€, precio muy inferior al del mercado legal.
Para hacer referencia a las personas que pagaban al grupo organizado desarticulado, se ha utilizado el término “clientes”, evitando hacer mención a la palabra “cazador”, ya que nada tiene que ver el verdadero cazador que cumple con la normativa establecida, con las actividades llevadas a cabo por las personas detenidas.
Para llevar a cabo sus actividades, los detenidos utilizaban varios vehículos, en unos transportaban las armas empleadas y en otro los ejemplares cazados. La principal dificultad con la que se encontraron los investigadores fueron las estrictas medidas de seguridad tomadas por las personas implicadas, como podían ser marchas y contramarchas para detectar la presencia de posibles testigos, portaban precintos de caza mayor que, en caso de ser interceptados por los miembros de la Guardia Civil, alegaban haberse olvidado de colocarlos en la pieza abatida, vestían ropa la cual no indicaba que se tratase de cazadores o que se les relacionase con cualquier tipo de actividad en el campo y contaban con un sistema de transmisiones radiotelefónico propio para evitar ser descubiertos.
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